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Petición al Presidente del Gobierno para la suspensión de la tramitación de la Ley de Servicios Profesionales

      El Instituto de Ingeniería de España, la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros  (UPCI) y la Real Academia de la Ingeniería han remitido al Presidente del Gobierno una carta cuyo contenido compartimos desde nuestro colegio.

 

    De las reformas iniciadas  con la adaptación al Espacio Europeo  Común de Enseñanza Superior (“Bolonia”), con la  Ley Paraguas y  con la Ley Omnibus, llegamos ahora a la prometida Ley de Servicios Profesionales. Ésta promete, sobre todo, sembrar  más  desconcierto e  inseguridad entre ingenieros, usuarios de sus servicios y ciudadanos en general.

 

     Lo primero a saber es que no se ha distribuido ningún tipo de Proyecto de Ley propiamente dicho. Opinamos exclusivamente sobre “papeles anónimos” que circulan entre Ministerios y que se filtran, intencionadamente, al exterior.

 

      De los documentos referidos, así como de las reuniones mantenidas por la UOCI con representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, se deduce la intención de  eliminar la colegiación obligatoria para el ejercicio libre de la profesión así como la asignación de todas las competencias de ingeniería a cada una de las ramas. De este modo cualquier ingeniero, superior o técnico, podrá realizar cualquier actividad, aunque su titulación no tenga relación alguna con ella. Y todo ello, al suprimirse la colegiación obligatoria, sin control alguno.

 

      Así pues, tras un proceso de Bolonia que apunta hacia un confuso panorama de grados y másters de ingeniería muy especializados, quizás excesivamente, parece ser que ahora, al legislador no se le ocurre otra solución que darles a todos ellos plenas competencias profesionales. Trabajar en lo que no se sabe no parece que sea el camino más adecuado, ni para promover la competitividad, ni mucho menos, para garantizar la seguridad.

 

     Nuestro Colegio se opone a que quienes carecen de la formación y de los conocimientos más elementales sobre un determinado tema puedan llevar a cabo actuaciones profesionales sobre el mismo. Nosotros mismos, los ingenieros agrónomos, con la nueva Ley adquiriríamos competencias sobre cuestiones completamente ajenas a nuestra formación. Lo mismo les ocurrirá al resto. Desde luego, los colegios no deberán  amparar semejante disparate. Porque, además, con la Ley Omnibus son responsables de regular la profesión, representarla e, incluso también, de responder de las actuaciones que, bajo su amparo, llevan a cabo los colegiados. Por todo ello, nos oponemos a la Ley que, según parece, todo apunta a que pretende aprobarse en breve plazo.

 

Carta enviada al Presidente del Gobierno